Revela que la OMC y los acuerdos comerciales regionales se han convertido en un campo de batalla que amenaza a los campesinos más pobres. Intenta visibilizar las presiones que se iniciaron en la década de 1980 y que provienen del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Indica que mientras los países ricos fuerzan a los países en desarrollo a que abran sus mercados, Estados Unidos subvenciona a sus productores de arroz con 1.300 millones de dólares al año para que puedan exportar, por debajo del coste de producción, sus excedentes agrícolas, condenando de esta forma a la pobreza a los campesinos. Llama la atención de la opinión pública y de los que toman decisiones con un conjunto de recomendaciones, como por ejemplo que a los países en desarrollo se les debe permitir regular los flujos comerciales en apoyo a la agricultura para garantizar su seguridad alimentaria, el desarrollo rural y el crecimiento a largo plazo. Señala que se ha dejado de poner en agenda el tema del desarrollo entendido como reducción de pobreza, el cual debería estar en el centro de los acuerdos comerciales y que este fue un compromiso asumido por los países en la ronda de Doha. Hace hincapié que otro compromiso que se ha dejado de lado es dar un tratamiento especial y diferenciado a los países en desarrollo para que estos pudieran tener mecanismos a fin de protegerse de las importaciones